A mi cliente le engañaron, le estafaron. No contaba con encontrarse en mitad de la tormenta perfecta. Sí, desde que entró por la puerta del despacho, el primer día de trabajo, tras el verano del 2015, supe que esta vez había sido víctima de una estafa. Y es que, cegado por un primer pago prometedor, aceptó desprenderse de sus bienes en la empresa mediante un complejo entramado societario y una asunción de deuda de más de 1.000.000 €.
Los papeles estaban firmados. Los cabos estaban atados y bien atados. La solución era compleja y debíamos embarcarnos en una travesía judicial para paralizar al estafador y evitar así que se cobrara la deuda.
Utilizamos todos los recursos que nos brindaba la ley. Y tras constatar la furia de los contratos, finalmente instamos el concurso voluntario de acreedores.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2017 el número de deudores concursales ascendió a 975. De estos, 922 instaron el concurso voluntario para ordenar el pago de sus deudas. El 82,1% de las empresas concursadas eran sociedades de responsabilidad limitada. Y de estas, el 36,7% se encontraba en el tramo con volumen de negocio de hasta 250.000 € anuales.
Tras resolver la incidencia, el cliente recuperó estabilidad financiera y continuó en el mercado.
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