Para evitar la responsabilidad penal de las empresas, el órgano de administración debe adoptar proactivamente un modelo de prevención del delito (MPD).
La dirección de la empresa debe mostrar un compromiso firme, explícito y visible con la legalidad vigente y una política de tolerancia cero con el delito.
Debemos ser capaces de demostrar a los tribunales, llegado el momento, que la empresa ha puesto todos los medios a su alcance para detectar, prevenir y sancionar actos y conductas fraudulentas que puedan beneficiar a la empresa y que puedan cometer sus representantes legales o personas autorizadas a tomar decisiones en el seno de la empresa, incluso los mismos trabajadores, que pueden cometer el delito por incumplimiento grave del deber de supervisión, vigilancia y control de los anteriores.