Parece obvio que la confiscación de varias plantas de marihuana en una casa familiar con un peso bruto de más de 20 kg debe considerarse una acción penal por tráfico de drogas.
Podríamos pensar que necesariamente la persona objeto de investigación tendrá que pasar por un juicio y asumir una hipotética condena.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Toxicología deberá analizar la sustancia decomisada y determinar si la posesión estaba preordenada al tráfico de drogas.
En segundo lugar, la entrada y registro en la casa tuvo que realizarse con autorización judicial, si no había ninguna urgencia, no siendo suficiente la mera sospecha o vigilancia que pudo realizar antes de la policía.
En tercer lugar, la situación de un consumidor habitual de la persona objeto de investigación puede obstaculizar el avance de la causa penal.
En defensa de nuestro cliente, provocamos el archivo de una investigación judicial iniciada por un presunto delito contra la salud pública. El juez que investigó el caso denegó injustificadamente un examen médico de la persona investigada que tenía que demostrar su condición de consumidor habitual. La cuestión no llegó a juicio por decisión de la Audiencia Provincial, que reconoció la violación del derecho a la defensa.